La estampida

Los golpes sucesivos que las fuerzas militares colombianas han asestado a las FARC los últimos años tienen secuelas internas (Colombia) y externas,preocupantes en el caso de sus vecinos.
Esta semana se difundió la noticia de la muerte del Mono Jojoy, considerado el guerrerista por excelencia de las FARC, luego de un feroz bombardeo, en Colombia.
Lo ocurrido con Jojoy es la secuela de un sistemático operativo para descabezar al grupo subversivo, que tiene un antecedente relativamente próximo muy importante: la muerte de Raúl Reyes, el 1 de marzo, en Angostura, Ecuador.
Quienes pensaron que el hoy presidente Juan Manuel Santos, para proyectar una imagen de estadista moderno, bajaría la guardia se equivocaron estrepitosamente. Apenas llegó al poder advirtió que seguiría aplicando la política de seguridad que estuvo en sus manos cuando fue ministro de Defensa en el Gobierno de Álvaro Uribe. Y eso implicaba seguir con mano dura hacia la consecución de un fin: doblegar a la guerrilla, que a pedido retomar las negociaciones con el régimen pero con ciertas condiciones.
Las bajas en las FARC, sobre todo de comandantes y jefes de diferente nivel, han sido constantes, aunque también han existido ataques esporádicos a las fuerzas militares colombianas (con la muerte de varios policías y militares), las últimas semanas.
Buenas noticias en el campo oficial-guerrerista para Colombia. Malas para el Ecuador. El desborde de las secuelas del conflicto, más allá de la aceptación o negativa de los políticos de turno, es un hecho.
Lo peligroso es que es un fenómeno complejo, difícil de medir y controlar con eficacia. Mientras más acorraladas y desmanteladas estén las FARC en Colombia, una parte de sus tropas, al menos las que se ubican en el Putumayo, huirán hacia el Ecuador, Venezuela... donde han tendido redes desde hace muchas décadas. A ese factor hay que sumarle la grave situación de los desplazados. De la población civil que está en medio del conflicto.
Una parte de los subversivos que pasan al país, con cédulas ecuatorianas adulteradas, o con carnets de refugiados, están articulados a organizaciones delictivas de tráfico de armas, alimentos, vituallas, cocaína... Son los encargados de concretar los negocios con esas mafias, esa es su tarea.
Así, nuevamente las consecuencias del conflicto colombiano se sentirán con más fuerza en algunos de los países vecinos, especialmente en Ecuador, por su cercanía y vulnerabilidad, que está tratando de ser manejada de una forma más preventiva y eficaz en la frontera por el Gobierno.
En este contexto, Ecuador subió el perfil de cooperación con las fuerzas colombianas en lo que le cabe: resguardar sus fronteras, pero con un aumento de las tropas y en el intercambio de información de inteligencia.
Lo de fondo: que está haciendo el país frente a la estampida silenciosa de subversivos que llega al país, conforme la guerra arrecia en Colombia. Qué acciones está tomando la Secretaría de Inteligencia para mapear el fenómeno, recolectar información en el terreno, compartirla con las fuerzas militares y policiales.
Este tema de fondo que de alguna manera ya se ha expresado en los casos sucesivos de narcotráfico, sicariato, usura (a través de los llamados prestadiarios) merece una política de Estado. Enviar más tropas a la frontera es un placebo para curar mediáticamente el miedo de la población al conflicto.
Hay que atacar al corazón del problema de manera conjunta, regional: los carteles del narcotráfico verdaderas transnacionales delictivas, ya han probado lo lejos que pueden llegar en México, donde el estado se ha convertido en una fachada, en un cascarón, que está trizado.

El reino del miedo

La guerra sin cuartel que libra el presidente Rafael Correa contra los medios ya tuvo su primera secuela en la televisión: la autocensura.

Mientras trabajaba con otros dos periodistas para el reportaje sobre los medios que deben ser vendidos por los banqueros, conversé con varios colegas, tanto de medios privados como de los incautados por el Gobierno.

Mi primera constatación es que en general los reporteros y reporteras de la televisión al abordar temas sobre el Gobierno se están moviendo en un terreno minado, donde manda el sigilo. La “prudencia”.

Una presentadora me contó que la consigna es bajar el tono, no ser demasiado ruidosos a la hora de criticar al Gobierno. La cautela es tal que los periodistas temen incluso por la reacción del resto de sus compañeros de otras áreas, como la administrativa, de publicidad, transporte…

Así, el miedo se ha empezado a regar silenciosamente entre los periodistas, como el óxido que corroe el metal más duro.

Miedo. Incertidumbre. Si ya están fuera de juego Vera y Ortiz, que tanta influencia ejercían o creían ejercer desde los medios, qué va a pasar con el resto, se pregunta más de un reportero.

Otra periodista de un canal incautado me confía que hay listas negras de políticos de oposición, vetados en ese medio y que hace algún tiempo despidieron a uno de sus compañeros por salirse de la norma.

¿Es eso lo que buscaba el Presidente, amedrentar a la prensa, castrarla? Felicitaciones, ya lo está logrando con creces en la televisión.

Un espacio donde los programas de investigación periodística que revelen los abusos del poder, si bien antes eran muy pocos, hoy son inexistentes.

Mientras tanto, el conglomerado de 18 medios que controla el Régimen sigue el norte que marca el poder. Es triste ver a buena parte de esos medios y periodistas convertidos en publicistas del oficialismo. No rinden cuentas a la sociedad que los financia.

La razón que justificó la disposición constitucional que busca que los medios no sean utilizados para los intereses de los grupos financieros, perdió su esencia, su autoridad moral.

¿Quién era Casimiro?

Los moradores de la Bocana del Búa, entre Esmeraldas y Santo Domingo de los Tsáchilas, ahora respiran más tranquilos. Hace un par de semanas conversé con el dueño de una hacienda ubicada a unos 45 minutos del pequeño poblado, al otro lado del río, que colinda con otra propiedad del general René Vargas Pazzos, ex embajador en Caracas.
En estas tierras, Casimiro, un colombiano de unos 50 años, vivió durante varios meses. Arrendó la hacienda de Vargas junto con otros de sus coterráneos que ejecutaron desde el 2005 a fines del 2008 a una docena de campesinos, acusándolos de cuatrerismo.
El hacendado cuenta que luego de las denuncias periodísticas sobre la actuación del grupo armado, aparecidas en abril del 2009, las cosas empezaron a cambiar. Los colombianos dejaron la zona, y de Casimiro nunca más se volvió a tener noticias.
"Seguramente están en otras regiones más recónditas, alejadas, donde el control de las autoridades es imposible, ellos necesitan sitios seguros, fuera de Colombia, para descansar", sostuvo el hacendado.
Mientras conversábamos, le pregunté si alguna vez conoció a Casimiro, cabecilla del grupo acusado de las ejecuciones. Me respondió que sí, que lo había conocido un día cuando acudió a su hacienda para hacerle un propuesta económica: "me dijo que quería comprame mi propiedad, que cuánto quería. Me ofreció 800 000 dólares, al contado", contó el hombre que vive en Santo Domingo.
Ante semenjante oferta el finquero le dijo que no podía recibir el dinero en efectivo, que le depositara la plata en su cuenta para que la transacción se registre debidamente en el sistema financiero. Lo contrario estaría bajo sospecha de lavado de dinero y él no quería meterse en problemas judiciales.
Fue la última vez que vio al hombre, que se negó a formalizar el depósito en el banco. Meses más tarde cuando las cosas que sucedían en la Bocana se hicieron públicas observó una fotografía de un jefe guerrillero de las FARC publicada en un diario. "Sin duda era Casimiro, el mismo que quería comprar mis tierras".